Resumo. Durante los críticos años ’30, la vitivinicultura fue objeto de una mayor regulación estatal. En ese marco, la formación de zonas alcoholeras adquirió relevancia, en tanto que su producción permitiría descomprimir el stock de las bodegas-alcoholeras, a través de la participación de grupos económicos extraprovinciales, y podría romper con la destilación clandestina en bodegas y el consecuente “estiramiento” de los caldos, cuyo control había resultado casi imposible no solo para el Estado provincial sino también para la Administración de Impuestos Internos. Se identifican, así, otras aristas de un pretendido estado regulador, cuya función se alternó con la promoción industrial, en una obvia correlación de los gobiernos de Mendoza con las políticas de ISI y fortalecimiento del mercado interno.